Conoce tus derechos y obligaciones:
Guía sobre el registro de jornada
El Ministerio de Trabajo prepara una nueva ley que modificará la forma en que las empresas registran la jornada laboral. Esta actualización, prevista para 2026. La nueva Ley de registro horario de trabajadores busca digitalizar el control horario y reforzar la trazabilidad de los datos. Su objetivo es garantizar un registro fiable, inmutable y accesible tanto para trabajadores como para la Inspección de Trabajo.
A continuación, se presenta una guía completa para entender qué implica esta nueva ley, cuáles serán las obligaciones principales para las empresas y los derechos que tendrán los trabajadores. También encontrarás las claves prácticas para prepararte con tiempo y cumplir correctamente con la normativa cuando entre en vigor.
La nueva Ley de Control Horario pretende adaptar la normativa laboral a la era digital. El Gobierno trabaja en un marco más transparente que elimine los sistemas manuales y reduzca el fraude en el registro de jornada.
Afectará a todas las empresas y autónomos con empleados, independientemente del tamaño o sector, y obligará a registrar todas las horas efectivas de trabajo.
Entre las principales novedades destacan:
Más información: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El Ministerio ha anunciado que la entrada en vigor del nuevo registro horario digital está prevista para el año 2026. Actualmente, la norma se encuentra en fase de debate y consulta con agentes sociales y representantes empresariales.
Se prevé un periodo de adaptación para que las compañías actualicen sus sistemas y definan políticas internas de registro: 20 días desde su publicación en el BOE. En algunos sectores con alta rotación o trabajo a distancia, la implantación podría hacerse de forma gradual.
La recomendación es prepararse antes de su aprobación definitiva, revisando desde ahora los métodos de fichaje utilizados y su compatibilidad con los nuevos requisitos legales.
La nueva ley refuerza las obligaciones de control y conservación de los registros. Cada empresa deberá implantar un sistema que garantice exactitud, trazabilidad y accesibilidad de la información.
Esta normativa de registro horario también refuerza los derechos de los empleados. Cada trabajador podrá consultar su registro horario en cualquier momento y verificar que las horas registradas coinciden con las efectivamente trabajadas.
A cambio, tendrá la obligación de fichar con los medios facilitados por la empresa y seguir los procedimientos establecidos. Si se niega a hacerlo o manipula el sistema, podría incurrir en una falta laboral.
La responsabilidad del cumplimiento será compartida: tanto la empresa como los trabajadores deben garantizar la veracidad del registro.
El texto legal establecerá qué medios son válidos y cuáles quedarán prohibidos.
El incumplimiento del registro horario seguirá considerándose una infracción laboral grave según la LISOS. Las sanciones pueden oscilar entre 626 y 6 250 euros, en función de la gravedad y el número de trabajadores afectados.
Además de las multas económicas, Inspección de trabajo podrá requerir a la empresa para regularizar los registros y revisar los pagos de horas extra no documentadas.
Referencia: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
El éxito en la adaptación dependerá de la planificación previa. Estas son las principales recomendaciones antes de su entrada en vigor:
La nueva Ley de Control Horario 2026 supone un paso firme hacia la digitalización del tiempo de trabajo en España. No se trata solo de cumplir una obligación legal, sino de mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión laboral.
Adoptar un sistema digital certificado permitirá a las empresas evitar sanciones, simplificar auditorías y ofrecer más confianza a empleados y autoridades.
En definitiva, prepararse con antelación no es una carga, sino una inversión: la nueva ley obligará a controlar las horas, pero también ayudará a profesionalizar la gestión laboral y reforzar la confianza en el cumplimiento normativo.
Estos métodos dejarán de ser válidos. La ley establece que los registros deben ser inmutables y trazables, lo cual solo puede garantizarse con soluciones digitales certificadas.